¿Aires de libertad? Mentira

Lenin Moreno se deshizo de algunas de las herencias más opresivas del correísmo: las políticas de propaganda y de hostigamiento, la ideología oficial, la mala leche. Pero se reservó la más vergonzosa de todas: los girones de lo que alguna vez fue la doctrina del Estado ecuatoriano sobre derechos humanos. Ahora el Ecuador duda de la universalidad de esos derechos; los subordina al concepto de la soberanía de los países, que garantiza la no intervención de la comunidad internacional aun en casos de masacre; predica la desconfianza en la sociedad civil organizada para defenderlos y transfiere esa función a las instituciones del Estado. Ya Guillaume Long, canciller de Correa, prendió las alarmas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra con tales excéntricas (y peligrosas) teorías. María Fernanda Espinosa, canciller de Moreno, fue parte del equipo que acompañó a Long en esa misión y ha sido puesta en el cargo para continuar con sus políticas. La posición del gobierno ecuatoriano sobre el fraude constitucional en Venezuela es la exacta aplicación de la doctrina que expuso Long en Ginebra. Una vergüenza. Un harakiri diplomático que nos aísla del mundo. Y una amenaza para todos.

¿Qué tienen de especial los comunicados del Ecuador sobre Venezuela? Para empezar, que no mencionan las palabras derechos humanos por ningún lado. El Estado ecuatoriano se pronuncia sobre un país donde más de cien personas que se manifestaban contra el gobierno han sido asesinadas; donde el desabastecimiento causa hambre y enfermedades; la inseguridad causa muertos; los allanamientos son un trámite cotidiano; los motorizados armados se pasean impunemente por las calles (sólo hay que imaginar a los trolls del correísmo sueltos por la ciudad con una recortada entre los brazos); un país con presos políticos y de conciencia; un país donde cualquier emprendimiento es imposible; un país que expulsa a su juventud calificada a vender arepas por las calles de Sudamérica… Ecuador se pronuncia sobre un país donde ocurre todo eso y no menciona las palabras derechos humanos. Semejante desdén por lo que en realidad importa debería inquietarnos a todos.

En lugar de derechos humanos la Cancillería habla, fiel al libreto de Guillaume Long en Ginebra, de derechos culturales y de autodeterminación. El correísmo –y en esto Lenin Moreno está demostrando ser un correísta fiel– los considera más importantes que los derechos humanos. “Cada Estado tiene derecho inalienable de escoger su sistema político, económico, social y cultural sin interferencia de ninguna naturaleza de otro Estado” dicen los comunicados oficiales de la Cancillería sobre Venezuela. Parece una verdad de Perogrullo pero, en la práctica, significa que si el Irán teocrático, por ejemplo, ha optado por un sistema cultural que le autoriza a condenar a muerte a un escritor o al ostracismo a un cineasta, el Ecuador se lo traga; si la Venezuela de Maduro, en ejercicio de su libre autodeterminación, decide matar gente en las calles y perpetrar un fraude descarado para mantenerse en el poder, el Ecuador apoya. No interviene, o sea que apoya. Y acusa a los países que condenan el fraude constituyente de “injerencia en los asuntos internos de un país soberano que se encuentra empeñado en solucionar democráticamente su situación interna”. Incluso niega el derecho de la comunidad internacional a “cuestionar” lo que ocurre en Venezuela. ¡A cuestionarlo!

¿La soberanía, más importante que los derechos humanos? La doctrina ecuatoriana predicaba exactamente lo contrario. Que sea precisamente la izquierda en el poder la encargada de echar abajo esa tradición es una broma macabra. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Cuba defienden hoy la postura que solían defender las dictaduras militares asesinas de Uruguay, Argentina y Chile en los setentas y ochentas. Fue por iniciativa del Ecuador, del presidente Jaime Roldós, para ser más precisos, que los jefes de Estado de la subregión andina, reunidos en Riobamba en septiembre de 1980, comprometieron a sus países a defender los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración. Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú firmaron entonces una declaración conjunta a la que se adhirieron España, Costa Rica y Panamá: la Carta de Conducta, cuyo artículo 3 vale la pena citar íntegramente: “Reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención”. Esta declaración pasó a la historia con el nombre de Doctrina Roldós, para orgullo de los ecuatorianos y vergüenza de Rafael Correa, Lenin Moreno y los cancilleres correístas que la traicionaron.

La acción conjunta ejercida para proteger los derechos humanos es “una obligación internacional” y  “no viola el principio de no intervención”. Defender lo contrario, como hace hoy María Fernanda Espinosa en el caso de Venezuela, es otorgar a los Estados una patente de corso para oprimir a sus pueblos. Es de miedo. Porque un gobierno que no sólo tolera la masacre y el fraude perpetrados por un gobierno amigo sino que reivindica su derecho a masacrar y a cometer fraude para mantener el poder, ¿qué derechos será capaz de atribuirse a sí mismo en caso de necesitarlo? Y no es que las cosas aquí apunten ni remotamente a repetir la experiencia de Venezuela, no. Pero a la indiferencia del gobierno ecuatoriano frente a los derechos humanos hay que sumar la conservación de un aparato policial, represivo y de espionaje diseñado no para garantizar la seguridad de los ciudadanos sino para controlarlos. Una Policía que aplica descargas eléctricas a los presos (entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes) y lo considera completamente rutinario. Una Policía que dispersa manifestaciones pacíficas con caballos y motocicletas y cree que en eso consiste el uso progresivo de la fuerza. Sobre ese aparato policial formado por José Serrano, hoy con más poder que nunca, Lenin Moreno no ha dicho esta-boca-es-mía. No sólo que lo mantiene sino que lo ha dejado en las mismas manos.

¿Qué podemos esperar los ecuatorianos de un Estado que desdeña los derechos humanos y mantiene un aparato preparado para violarlos? ¿Y qué pueden esperar los venezolanos que buscaron refugio en el Ecuador? Sobre ellos tampoco ha dicho esta-boca-es-mía el presidente. Colombia acaba de regularizar a los 150 mil que le tocaron. ¿Qué piensa hacer el correísta Lenin Moreno con los más de 40 mil que ya están aquí? ¿Mantenerlos en la precariedad, seguirlos ignorando mientras su número aumenta día tras día? ¿Seguir expulsándolos de los parques donde venden arepas para sobrevivir, como acaba de ocurrir en El Ejido de Quito? ¿Continuar negándoles su derecho al trabajo? Peor aún: ¿repetir con ellos el trato que hace apenas un año la Policía de José Serrano aplicó a los refugiados cubanos que repatrió el gobierno de forma expeditiva? 18 derechos humanos violó en esa ocasión la Policía ecuatoriana en el lapso de 36 horas. Y nada de lo que hasta el momento ha dicho y ha callado, ha hecho y ha dejado de hacer este gobierno en materia de derechos y política internacional permite suponer que tal brutalidad no puede repetirse. Sobre todo después de oír a María Fernanda Espinosa apoyando ciegamente la dictadura de Maduro. Es hora de que Lenin Moreno anuncie de una vez cuál es su política frente a los refugiados venezolanos, aunque no sea sino para detener los inquietantes rumores que su silencio provoca. ¿O su política consiste precisamente en no tener ninguna?

Y que no trate de pasarnos gato por liebre el presidente. Sí, nadie puede negar el sincero alivio que produce la eliminación de las políticas de propaganda y hostigamiento del gobierno anterior. Nadie puede negar la serenidad de un sábado por la mañana. Pero de ahí a decir que “se respiran aires de libertad” mientras se apoya la masacre del pueblo venezolano hay un largo trecho. Alivio nomás, no libertad. Libertad es otra cosa. Libertad es un derecho humano. Y en los derechos humanos, eso está clarísimo, este gobierno, como el anterior, no cree.