El Catecismo sobre la Constitución

Si el Ecuador es una república, como pretende, no se alcanza a distinguir de qué tipo. No hay valor republicano que salga por sus fueros en este país de miércoles de ceniza, y lo que ocurrió la semana pasada en Quito lo demuestra. Hubo una conspiración religiosa: a la Iglesia católica no le gustó un mural que no estaba hecho para gustarle y lo mandó a censurar por la Alcaldía. Así de simple. Le tomó tres días.

El mural Milagroso altar blasfemo, del colectivo Mujeres creando, de Bolivia, es una obra de arte feminista y anticlerical que formaba parte de la exposición La intimidad es política, la muestra de arte contemporáneo más importante del año en el Centro Cultural Metropolitano. Había sido emplazado en la terraza, sobre la pared medianera con la Compañía, a la sombra de sus cúpulas, y estaba plagado de símbolos blasfemos distribuidos en dos hileras de nichos que reproducían la estructura de un altar barroco. En el centro, una mujer crucificada entre maliciosos papas. Abajo, un Cristo cargando una cruz hecha de penes; otro, atado por el pene a la cúpula de la basílica de San Pedro; un obispo masturbándose en su solio… ¿Ofensivo? Obviamente, como cualquier blasfemia.

Todo ocurrió precipitadamente. Irritación del arzobispo Fausto Trávez. Comunicado de la Conferencia Episcopal ejerciendo presión indebida sobre el Cabildo. Rechinar de dientes de la Alcaldía. Agitación de masas católicas en las redes sociales bajo la consigna “¡Quién como Dios!”, aterrizada en el siglo XXI directamente desde 1895, cuando el ultramontano obispo de Portoviejo Pedro Shumacher la usaba como grito de guerra en su defensa de la teocracia frente a la pretendida democracia de los liberales de Alfaro. Convocatoria a los fieles católicos para marchar (mitad mitin, mitad procesión) contra el Centro Cultural Metropolitano. Llamadas telefónicas. Conversaciones privadas…

Finalmente, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad acordaron la censura. Para justificarla, la Alcaldía inventó un pretexto burocrático. Pero este encubrimiento no impidió que el mensaje quedara claro para todo el mundo. Cualquier funcionario del área cultural del Municipio con dos dedos de frente puede entender que el precedente está sentado y habrá que considerarlo en el futuro si se quiere evitar la arremetida eclesiástica y la connivente pacatería del alcalde más desopinado que recuerde la ciudad. Hay cosas que no se tocan. El arte, en las instituciones rectoras de la cultura de Quito, no es libre. Y los quiteños, cada vez que atraviesen sus puertas, han de poner en suspenso su propia libertad de conciencia. El arzobispo Trávez lo celebra. Al alcalde Rodas, que debiera velar por esas libertades, le valen tres atados.

A estas alturas de la historia da grima verse obligado a recordar los principios del Estado laico. El derecho de unos pocos a expresar ideas que otros, aunque fueran la mayoría, consideran blasfemas, es incuestionable y ya lo defendió Martín Pallares en un artículo de 4pelagatos, apelando a los argumentos fundacionales de Voltaire. El derecho del público a acceder a todo tipo de opiniones o creaciones artísticas y decidir por cuenta propia sobre su conveniencia o inconveniencia, sin que las instituciones del Estado (en este caso la Alcaldía) se arroguen el papel de tutores espirituales, se llama libertad de conciencia y lo explica claramente en GkillCity la concejal Daniela Chacón, única autoridad municipal que ha protestado contra esta censura. Lo hace a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado chileno, en el caso de la prohibición de la película La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese.

Por si las autoridades de Voltaire y de la CIDH no fueran suficientes, está la de la propia Constitución ecuatoriana, que garantiza estos derechos y estas libertadas y que es (la Constitución, no el Catecismo, no la Biblia) la única norma de consenso que rige la convivencia entre los ecuatorianos. Porque la Constitución de un Estado laico está basada en el ejercicio público de la razón. Y es la razón (no la fe, no las creencias religiosas por respetables y, otra vez, mayoritarias que fueran) el único rasgo común que compartimos como ciudadanos. No todos somos católicos pero todos somos racionales (hasta el alcalde Rodas y el concejal Marco Ponce, de quien se habla más abajo, son seres racionales, por inverosímil que parezca). Por tanto el debate sobre temas de interés público como éste debe sujetarse a los códigos de la razón, no a criterios religiosos.

Se supone que los ecuatorianos ya nos pusimos de acuerdo en todas estas cuestiones cuando decidimos ser una república. Por eso da grima volver sobre lo mismo. Da grima tener que recordar a la Iglesia y a los católicos, otra vez, su obligación de guardar el puesto que les corresponde en el ordenamiento del Estado laico. De esto ya se ha discutido lo suficiente. Pero hay algo que ha merecido menos atención de parte de quienes han participado en el debate a través de artículos de opinión o pronunciamientos en las redes sociales: la manera como las autoridades civiles de la ciudad, léase la Alcaldía, se allanaron a los deseos del Arzobispado.

Deben estar muy conscientes el alcalde Rodas y los miembros de su despacho de que la censura de una obra de arte es un acto inconstitucional y un abuso de poder. Por eso, para justificarla, buscaron un pretexto que resultara inocuo a los ojos de la opinión pública. Y no pudieron encontrar uno más ridículo: dijeron que la obra de las artistas bolivianas debía ser retirada porque se encontraba en un muro patrimonial. Y que la directora del Centro Cultural Metropolitano, Pilar Estrada, no había gestionado los permisos correspondientes del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP). La misma Alcaldía que se allanó ante el capricho presidencial de alterar el trazado original del casco colonial quiteño, nada menos, ahora dice defender los muros patrimoniales que, en otros rincones del centro, son mancillados, grafiteados, convertidos en baños públicos o, simplemente, pintados de verdeagüita ante su pasividad indolente.

Este pretexto es fácil de desvirtuar. A diferencia de otras intervenciones perpetradas por la Alcaldía, el mural en cuestión no daña ni afecta el patrimonio. Estaba instalado sobre una capa de material aislante de fácil remoción; una vez terminada la muestra, es decir, al cabo de noventa días, no había más que retirarlo y el muro de marras recuperaría su condición original. De hecho eso ya ocurrió, con la muestra aún abierta y cercenada, y ahí está el muro: sanito. Se trata de un procedimiento museográfico completamente normal que ya se ha aplicado en este mismo Centro Cultural Metropolitano en innumerables ocasiones. ¿Hubo algún problema de permisos, algún trámite incumplido? Pues la tarea de las autoridades de la ciudad era discernir cuál es el principal valor que estaba en juego. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Las libertades de expresión y de conciencia o los papeleos burocráticos municipales? La respuesta es evidente. La censura de una obra de arte es un caso de constricción arbitraria de derechos y libertades. El alcalde podría ser procesado por esto.

Hay tanta pusilanimidad en esta historia que apenas cabe en un artículo. Como en cualquier conspiración religiosa (y ésta lo fue en toda regla) se procedió de manera hipócrita, velada y sibilina. En el Municipio es un secreto a voces que la causa principal de la censura fue la presión ejercida por el arzobispo Fausto Trávez, empeñado en resucitar los tiempos del cardenal De la Torre aunque fuera con la cuarta parte de su talento y sin una pizca de su coraje. Pero ni Trávez ni el alcalde dan la cara. Ante los periodistas que le han pedido explicar su postura, el arzobispo se ha negado a hablar. Dice que son cosas sin importancia y que es mejor no dar publicidad a los blasfemos. Lanza la piedra y esconde la mano, monseñor Trávez. Hipócrita, velado y sibilino. En cuanto al alcalde, se contentó con poner a dos funcionarios de menor rango a dar las explicaciones correspondientes.

Lo de la directora del IMP y el secretario de Cultura del Municipio es una vergüenza. Angélica Arias y Pablo Corral saben perfectamente de qué va la cosa. Conocen de la conspiración religiosa y entienden que el problema aquí no es la conservación de un muro patrimonial, que en ningún momento estuvo amenazado, como también saben, sino las presiones indebidas de la Iglesia, al respecto de las cuales guardan pusilánime silencio. Sin embargo, ambos se prestaron cobardemente al juego y aparecieron en rueda de prensa para defender el ridículo pretexto fraguado en la Alcaldía. ¿Tanto les interesa conservar su puesto?

Pero todavía falta lo peor, tomen aliento. Lo peor se llama Marco Ponce, concejal de SUMA. Ocurre que este señor, que según una investigación del portal 4pelagatos participó en el reparto corrupto e ilegítimo de entidades públicas quiteñas perpetrado por Mauro Terán para asegurar la gobernabilidad en el Concejo (¿qué le tocaría en suerte?, ¿alguna jugosa administración zonal como La Delicia?, ¿el Mercado Mayorista?), este señor, en fin, ahora se reivindica como un católico apostólico y romano de armas tomar y espíritu de Torquemada. En medio de toda esta conspiración, él dirigió un oficio a Mauricio Rodas, escandalizado hasta el rechinar de dientes por la ofensa perpetrada a la religión de sus mayores, y le pidió la cabeza de Pilar Estrada, la única funcionaria municipal en esta historia que sabe lo que está haciendo; la única que tiene una verdadera política pública sobre la cultura expresada en una agenda.

Que un concejal pida la cabeza de una funcionaria pública por motivos de fe religiosa es inaudito, escandaloso. Ponce es un traidor de los principios republicanos o un ignorante de siete suelas. O un oportunista. El Concejo debería llamarle la atención por ello y Pilar Estrada bien podría pedir una orden judicial de protección ante el descaro y la ilegitimidad de la amenaza. ¿Qué viene ahora? ¿El despido de Pilar Estrada y su reemplazo por un pusilánime obsecuente como los que ya rodean al alcalde? Mauricio Rodas ya ha dado muestras de ser capaz de eso y mucho más.

Cuando se llega a la Alcaldía con la única intención de seguir medrando hasta lograr la Presidencia, los temas de la ciudad (los derechos y libertades de sus habitantes, por ejemplo) importan menos que el cálculo de votos necesarios. A Rodas no le importan las políticas culturales que no se traduzcan en espectáculos masivos; sobre la gestión del Centro Cultural Metropolitano su único interés es que no joda; y en cuanto a las libertades de expresión y creación o los derechos de opinión y consciencia no tiene una idea formada. ¡Si no la tiene sobre la movilidad pública, cómo habría de tenerla sobre asuntos más abstractos que no se resuelven con obras de cemento! Lo único que sabe Rodas es contar: los votos que necesita para asegurar la reelección y la plata que le hace falta para conseguirlos. Y los católicos son muchos y billeteados. ¿Artistas feministas? ¿A quién le importan?