Lenin Moreno se deshizo de algunas de las herencias más opresivas del correísmo: las políticas de propaganda y de hostigamiento, la ideología oficial, la mala leche. Pero se reservó la más vergonzosa de todas: los girones de lo que alguna vez fue la doctrina del Estado ecuatoriano sobre derechos humanos. Ahora el Ecuador duda de la universalidad de esos derechos; los subordina al concepto de la soberanía de los países, que garantiza la no intervención de la comunidad internacional aun en casos de masacre; predica la desconfianza en la sociedad civil organizada para defenderlos y transfiere esa función a las instituciones del Estado. Ya Guillaume Long, canciller de Correa, prendió las alarmas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra con tales excéntricas (y peligrosas) teorías. María Fernanda Espinosa, canciller de Moreno, fue parte del equipo que acompañó a Long en esa misión y ha sido puesta en el cargo para continuar con sus políticas. La posición del gobierno ecuatoriano sobre el fraude constitucional en Venezuela es la exacta aplicación de la doctrina que expuso Long en Ginebra. Una vergüenza. Un harakiri diplomático que nos aísla del mundo. Y una amenaza para todos.
Estado de propaganda 
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