Gorilas 1 – Correa 0

Hay que oír a Rafael Correa cuando no le queda más remedio que criticar a los militares: cuidadoso, vulnerable, con pies de plomo, con guantes de seda. Se le quita lo gallito.

Sabatina 450 (ya sólo faltan 78 y a él mismo le parecen demasiadas): el presidente arremete contra Juan Pablo Albán, abogado de derechos humanos que actúa como defensor de las víctimas (tres ex guerrilleros de Alfaro Vive Carajo) en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue contra siete generales de las Fuerzas Armadas. Le dedica “la cantinflada de la semana” y lo llama “seudoactivista de la gallada de la CIDH”. Es la sexta vez que Correa insulta a Albán en su monólogo de los sábados. Ya antes lo había calificado como “miserable tirapiedras”. De ahí para arriba (o para abajo, según se mire). En cambio al alto mando, a los treinta generales que esta semana acudieron al juzgado con sus uniformes de gala y sus condecoraciones para respaldar a los acusados y presionar a las cortes sin el menor sentido no digamos del tacto sino de la decencia, a ellos… ¡Ah! A ellos se dirige “con todo cariño”. Ante ellos baja el tono, mide sus palabras. Y asegura que “no lo hicieron con mala intención”. ¡Qué va! Su demostración de fuerza es apenas “inoportuna”, “no pertinente”. ¿Quisieron intimidar a los jueces?, se pregunta el presidente. Y se responde: “Dios no quiera”.

Un zapato me quiere meter preso

En circunstancias normales, cuando uno recibe una citación para rendir confesión judicial un día sábado sabe que sólo puede tratarse de un error: la ley manda de forma expresa que ese tipo de trámites legales se cumpla exclusivamente en días hábiles. Pero el aparato de justicia del Estado correísta ha puesto la normalidad entre paréntesis. Bajo su control, una citación para presentarse ante un juez en día sábado bien puede tratarse no de un error, sino de una trampa. O ser una forma de intimidación. O simplemente ganas de joder. Hay que tomar precauciones. Lo mejor -contra toda lógica, contra todo sentido común, contra toda noción de legalidad- es presentarse. Porque en el aparato de justicia del Estado de correísta cualquier cosa puede ocurrir, lo sabe todo el mundo. Ahí donde un ciudadano inocente (en una sentencia que reconoce expresamente esa inocencia) es condenado a prisión por el delito de aplaudir, una citación para declarar ante un juez un día sábado es una fruslería.

Fernando Alvarado, el gorila que faltaba en el video

Pequeño y miserable, prevalido del fuero que le confirió su patrón, que lo desprecia por cernícalo, el hombre de la cabeza de zapato se cree autorizado a sobrepasar todos los límites. Ya hizo de la persecución a quienes opinan diferente un hecho normal y cotidiano. Ya convirtió la calumnia en una política de Estado; la manipulación y el embuste, en las técnicas oficiales de la comunicación pública; la insidia, la hipocresía y la impudicia, en las materias fundamentales del debate político. Ya abusó de su metro cuadrado de poder en todas las formas imaginables. En un medio tan propenso a este tipo de atropellos como el Estado correísta, donde goza de una posición que le garantiza su total impunidad, debe ser difícil para un tipo con sus limitaciones intelectuales reconocer dónde detenerse. Así que sigue nomás. Sigue y no para. Y se le va la mano, se excede aun para los parámetros correístas, que es decir bastante. Seguramente le jalan las orejas. Entonces recula porque no le queda de otra. Y para disimular –da risa– recula pateando al perro. Pobre tipo.

Xavier Lasso o el déspota candoroso

¿Igualdad o libertad? ¿Cuál de las dos es preferible? El dilema se lo planteó Xavier Lasso –él solito, sin que nadie se lo preguntara– en una entrevista con Santiago Estrella, de El Comercio: “Cuando me planteo la discusión entre igualdad y libertad –dijo de buenas a primeras– prefiero la igualdad”. Se agradece la sinceridad del canciller encargado. O su candor, quién sabe. Sus palabras retratan no sólo una forma de pensar, sino una manera de gobernar. No es una casualidad que en esa misma entrevista defendiera a la dictadura cubana como “la representación de la dignidad de los pueblos”, justificara el arresto ilegal de la ciudadana brasileña Manuela Picq (tan ilegal que fue necesario un parte policial fraudulento para encubrirlo) y abogara por la presencia de un Estado que diga –son sus palabras– “vamos a poner orden”. Todos los pueblos aspiran a la igualdad, es cierto. Pero servirse de ese pretexto para postergar la libertad es una desvergüenza, un subterfugio totalitario del cual Xavier Lasso quizá, y no es excusa, no sea del todo consciente.

El horizonte luminoso es una línea imaginaria

El Ecuador no es una democracia. Lo será un día. El correísmo ha sido muy sincero al respecto. No es un nuevo país sino el proceso de construcción de ese nuevo país lo que defiende y nos ofrece. La Senplades lo llama “proceso de construcción de un Estado democrático para el buen vivir”. O sea, el verdadero Estado democrático. El plazo para construirlo es incierto pero la historia de cómo ocurrirá ya está escrita. De esa certeza proviene la confianza en sí mismos y la jactanciosa superioridad que funcionarios y militantes demuestran en sus dichos y en sus hechos. Sólo ellos saben hacia dónde va la historia. Más aún: saben cómo llegar allá y tienen las herramientas necesarias. Basta con aplicar el proyecto político trazado por su Movimiento, intérprete legítimo y vanguardia de la historia que tiene por misión encaminar a la sociedad en la ruta correcta. Y en eso estamos: no seremos una democracia pero estamos bien encaminados.

54 tuits para una canallada

54 tuits: es toda la evidencia de que dispone la Secom para motivar el proceso de disolución de Fundamedios. Según la persona que los coleccionó, la subsecretaria de Información Torffe Quintero, que no hace mucho intentó mantener una desabrida columna de crítica de televisión en El Universo, esos tuits tienen “indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de esta organización social cuyo ámbito de acción debería desenvolverse en relación a la comunicación social y el periodismo”. En fácil: quieren cerrar a Fundamedios porque tiene una posición política.

Los ingeniosos aliados de sus sepultureros

La última vez que se le planteó un debate público sobre su propio papel en la sociedad, diario El Comercio huyó por las ramas más altas. La Secom había ordenado al medio una rectificación que lo obligaba a publicar una mentira en su primera página, una mentira que contradecía todas las evidencias de su propia reportería, y El Comercio se allanó sin ningún tipo de refutación ni aclaración periodística, es decir: declinó su propio criterio editorial ante las imposiciones del poder y, por tanto, priorizó una conveniencia política por sobre los intereses de sus lectores. Cuando se le criticó por ese hecho, el director adjunto respondió con oscuras alusiones personales, dudosos chistes privados (¡en la página editorial!), viejos resentimientos y penosas evasivas. En otras palabras: eludió el debate. Dio por sentado que bastaba con descalificar a los críticos para desmerecer la solidez de sus argumentos:n ua manera de procesar los debates públicos que parece haber aprendido de Rafael Correa. Y pasó de agache frente al problema de fondo. ¿Cuál debe ser la respuesta ética del periodismo ante el aparato de control de la información montado por el gobierno? El Comercio se niega a responder esta pregunta. Se niega, en primer lugar, a respondérsela a sí mismo. Hoy, tras el despido de Martín Pallares, el más reconocido de sus editores y, al mismo tiempo, el más escarmentado por el correísmo, esa cuestión vuelve a plantearse. Ojalá que en esta ocasión El Comercio responda con altura. Ya no puede eludir el hecho de que su política editorial es un tema de interés público.

Una banda de matones

¿Cuántos civiles heridos dejaron las jornadas de protesta del 13 al 23 de agosto? El gobierno no se hace cargo de ninguno. Para el correísmo sólo hay policías. De policías heridos están llenos los reportes del Estado, las cadenas nacionales, los discursos oficiales… ¿Y los civiles? Vimos a los caballos y a las motocicletas policiales arremeter contra la masa de manifestantes provocando peligrosas estampidas. Vimos bombas lacrimógenas disparadas a la altura del cuerpo, vimos porrazos y patadas. Vimos gente ensangrentada y magullada. Por decenas. Pero el gobierno no las cuenta. Si para conocer el informe de la Fiscalía sobre el número de detenidos del paro nacional hubo que esperar una semana, para enterarnos de cuántos heridos dejó la represión a las protestas hizo falta preguntar en otra parte. Hoy, gracias a una investigación independiente, lo sabemos. Mejor dicho: podemos hacernos una idea. Hay 77 casos bien documentados de fracturas, politraumatismos y quemaduras, entre otros tipos de heridas, pero los autores del informe (el Colectivo de Investigación Psicosocial) piensan que son cientos.

Un análisis sobre el paro nacional que no va a gustar a nadie

Correa logró lo que quiso: desatar una guerra. Empezó a prepararse para ella en cuanto supo que habría paro nacional. Se la pasó meses reclutando y soliviantando, provocando y cascabeleando como viborita. Negándose a dar las respuestas políticas que exigen las protestas. La única respuesta que, en su limitación mental, concibe el presidente para toda disidencia activa es la guerra. Y cuando a la gente no se le ofrece otra salida que la guerra –estrategia de gobernantes desatinados o dementes– la consecuencia predecible casi siempre es ésa: la guerra. Y sí, finalmente la consiguió: el jueves 13 de agosto, día del paro nacional, el espíritu de la protesta pacífica, que había prevalecido en todas las marchas anteriores aunque Correa mienta lo contrario, fue ahogado por un grupito de irresponsables que planificó y ejecutó actos de violencia en los que se adivina un dejo de locura totalitaria. Punto para Correa.

El secuestro de Manuela Picq no ha tenido lugar

Terminó la sabatina número 437, transmitida desde Pimampiro (ánimo, sólo faltan 91), y el presidente de la República no dijo ni media palabra sobre Manuela Picq. ¡Cómo será de miserable y descarado el montaje que la Cancillería ecuatoriana y el ministerio del Interior han urdido en torno a la periodista franco-brasileña para que ni siquiera Rafael Correa quiera involucrarse! ¡Él, que en estas inmoralidades de mentir con desparpajo nos lleva la delantera a todos y ha sido capaz de hacerlo hasta por un dirigente universitario de sospechosas calificaciones! Pues en esta ocasión, ni pío. Se explica. Porque lo de Manuela Picq es una vergüenza. Lo sabemos porque su detención (violenta, ilegal, arbitraria) quedó registrada en un video de diario El Comercio. Júzguense los hechos:

1. Manuela Picq es inocente. No hizo nada. La detuvieron a patadas en la placita de La Merced durante las protestas del jueves 13 de agosto, en las que participaba legítimamente junto con su pareja, el dirigente indígena Carlos Pérez, de Ecuarunari. Verdad es que, en el lugar donde se encontraba, un grupo de manifestantes causaba desmanes. Personas armadas con largos troncos habían improvisado un ariete y arremetían contra el cinturón de policías que, en la esquina de las calles Cuenca y Chile, impedía el paso en dirección hacia la Plaza Grande. Pero ella no participaba en estas acciones violentas, como se ve en la versión completa del video de El Comercio. Se mantenía al margen. No estaba armada. No agredía a nadie. 48 horas después de su detención, el Estado ecuatoriano no ha podido acusarla de nada. Sin embargo la van a deportar. ¿Por qué la van a deportar? Porque no tiene visa. ¿Por qué no tiene visa? Porque se la revocaron. ¿Por qué se la revocaron? Al parecer, porque fue detenida. ¿Por qué fue detenida? Obvio: ¡para deportarla! La lógica de la Cancillería y el ministerio del Interior es impecable.