El Presidente tiene derecho a todo. ¿Y nosotros?

En el debate público, el Presidente de la República parece haber reservado para sí el monopolio de la mentira, la infamia y la violencia. El combate contra la mentira, la infamia y la violencia que él dice haber emprendido con el fin de sanear el debate público, se refiere a la mentira, la infamia y la violencia de los otros. No a las suyas. Cuando el Presidente de la República quiere mentir, infamar o ser violento, los ciudadanos estamos en la indefensión: ni las leyes ni los aparatos de control creados por el propio correísmo pueden evitarlo. De esto hay precedentes documentados.

El sábado 22 de febrero de 2014, un día antes de las elecciones seccionales, Correa dijo que la empresa encuestadora Market, que dirige Blasco Peñaherrera Solah, es “una de esas encuestadoras chimbas que se vende al mejor postor”. Y pronosticó: «Mañana hace el exit poll, o sea que ya saben que ese exit poll no tiene la menor credibilidad». Lo primero, que supone un cargo de corrupción, nunca fue demostrado; lo segundo, que es un golpe de descrédito profesional, quedó desmentido al día siguiente por los hechos, cuando el exit poll de Market arrojó resultados correctos. Naturalmente, Blasco Peñaherrera sintió que su honor y su reputación habían sido agraviados así que procedió según aconsejan las secomes, cordicomes y supercomes del Gobierno: exigió su derecho a la rectificación. Primero se dirigió a Ecuador TV, el canal correísta que actúa como matriz de las sabatinas: le dijeron que la responsabilidad de ese programa no era suya sino de la Secom. Fue a la Secom: le dijeron que no tenían la autoridad para ordenar rectificaciones a las radios y canales de TV que transmiten el programa. O sea: la sabatina en el limbo. No hubo derecho a la réplica para Blasco Peñaherrera. Como nota al margen, Fernando Alvarado escribió en su blog personal que no había nada que rectificar porque todo lo que dijo el Presidente es cierto.

La Constitución garantiza que cualquier persona agraviada en un medio de comunicación tiene derecho a una “rectificación, réplica o respuesta” (artículo 66, numeral 7). Queda claro que ese derecho constitucional no se aplica cuando de la sabatina se trata. Tampoco cuenta la ley de comunicación, según la cual todo organismo público (la Secom por ejemplo) que emita un “producto comunicacional” a través de la radio y la televisión (la sabatina por ejemplo) es considerado, para efectos de la ley, como un medio de comunicación (artículos 5 y 3), por tanto está sujeto a regulación. La sabatina no lo está. Para Ecuador TV ni siquiera aplica, cuando de la sabatina se trata, el principio de la responsabilidad solidaria (artículo 21 de la ley de comunicación) por el que diario El Universo fue llevado a un juicio millonario.

En resumen: el Presidente puede mentir, infamar y ser violento impunemente. Con violencia verbal, infamias o mentiras comprobables, en las sabatinas se ha desprestigiado no sólo a Blasco Peñaherrera: también al periodista Diego Cornejo, al cantor popular Jaime Guevara, al militante anti minería Carlos Zorrila, al ecologista Luis Corral… A tantos. Para publicar cosas gruesas sobre el prójimo el Presidente no necesita de pruebas. Ahora anda diciendo que el responsable de la página Crudo Ecuador está financiado por un partido político y que tiene un sofisticado sistema de espionaje electrónico apuntado hacia las redes sociales. El aludido ya lo desmintió y lo retó a que lo demuestre. El Presidente no lo ha hecho. ¿Por qué habríamos de creerle?

Los tan cacareados límites a la libertad de expresión que el Estado quiere imponer ahora a la sociedad invocando la autoridad del Papa, que está sólo un escalón por abajo del Presidente, no rigen para la sabatina. Tampoco las leyes. No hacen falta leyes, por ejemplo, para justificar la persecución a Crudo Ecuador, acusado de mentir. «Tal vez no rompe la ley –reconoció el Presidente– pero somos más, así que le vamos a responder”. ¿Responder cómo? Desenmascarándolo. Llevándolo a la sabatina para ver si es tan jocoso y tan valiente “cuando se descubra su identidad”. ¿Tiene derecho el Presidente a descubrir la identidad de alguien que ha elegido mantenerla en secreto y “tal vez no rompe la ley”? No, en teoría. En la práctica, el Presidente tiene derecho a todo.

Y Crudo Ecuador ¿a qué tiene derecho? A juzgar por los antecedentes, a Crudo Ecuador se lo quiere exponer en la sabatina con nombre, apellido, edad, fotografía y lugar de residencia. Para alguien que en la última semana ha recibido más amenazas de muerte que Rafael Correa y no tiene sus vaya a saber cuántos guardaespaldas, revelar esos datos puede ser demasiado. ¿Tiene derecho Crudo Ecuador a sentirse seguro cuando camina por las calles? No por mucho tiempo, si el Presidente cumple con su amenaza de encontrarlo.